PROGRAMA DE FORMACIÓN EN INGENIERÍA AGROALIMENTARIA

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN INGENIERÍA AGROALIMENTARIA

Durante  los últimos lustros la  globalización financiera y corporativa  ha asumido una posición central en todos los negocios internacionales. El mercado global que se estructura entre empresas transnacionales, define el rumbo de una acumulación que desarrolla una relación colonial en la explotación de los recursos. La difusión de las operaciones económicas del capital transnacional es favorecida en nuestra región por políticas que estimulan las exportaciones de materias primas con miras "al crecimiento hacia afuera".
Las políticas neoliberales han generado transformaciones  en los sistemas de producción y  modificaciones importantes en la estructura social del agro latinoamericano y caribeño. Los agricultores capitalistas incorporados a la  modernización  se han beneficiado ya que contaban con el acceso a los recursos financieros, de tierra, de tecnología y de organización necesarios para asumir el cambio en los sistemas de producción y las posibilidades de acceso a estos nuevos mercados. Por el contrario, los productores familiares campesinos han sido los principales perjudicados debido a que, en la mayor parte de los casos, disponían de recursos de baja calidad, dificultades de acceso al crédito y al seguro, escasez de tierras apropiadas, carencia de tecnologías adaptadas a su situación así como de información sobre los mercados, planes y programas;  a esto se agregan los altos costos de transacción. En definitiva se ha profundizado el abismo social que separa a la agricultura campesina de la agricultura empresarial.

La agroindustria se abastece de insumos importados a bajos precios lo que ocasiona una competencia desigual con la producción nacional, con presión a la baja de los precios internos y con todo lo que de ello se genera: quiebras, desempleo, dependencia, sometimiento, subordinación, crecimiento del capital financiero, etc. Los productores agrícolas capitalistas de los países dominantes reciben subsidios agrícolas mayores en promedio a los de los productores en América Latina y el Caribe. Pero a esta región le imponen precios —bajos, agrícolas— y eliminación de subsidios. En aquellos países donde se pudiera hablar de excepciones en relación a la sobreproducción en algunos productos,  la caída en los precios reales internos y el aumento de las importaciones producto de la acción ejercida por la agroindustria deprime a los agricultores nacionales y fortalece el sustituir producción nacional por más importaciones, independientemente de que no la acaban completamente pero sí hacen decrecer la producción. El monopolio  del capital financiero y especulativo ha conducido a la elevación de las tasas de interés que afectan la tasa de ganancia del capital industrial y agrícola, disminuyendo la inversión productiva y afianzando el dominio del capital financiero, etc. Esto deriva en la quiebra de la pequeña y la mediana industria y, en general, en la exclusión de la producción orientada hacia el mercado interno, lo que deprime aún más el empleo y los salarios, pero no de la producción orientada hacia la exportación como lo plantean las recetas neoliberales —esta producción, en algunos casos, sí resulta beneficiada como es la de las maquiladoras—. Se necesitan bajos salarios pero no una producción de alimentos baratos que deje un excedente de salarios que pueda el trabajador orientar a los bienes industriales. Porque la producción industrial —y la agrícola— está dirigida al mercado mundial y no al nacional. Como consecuencia de ello  nuestros pueblos se ven obligados a satisfacer sus necesidades alimentarias importando productos a precios muy altos y, finalmente, aumentando su dependencia con respecto a los grandes centros del poder económico internacional. En este contexto se produce  un sensible  deterioro del salario, un incremento significativo del desempleo y  una profundización de la pobreza,  la miseria y  la exclusión.

Conjuntamente con el  deterioro y la  intensificación de la dependencia agroalimentaria la penetración del capital transnacional agroindustrial llega hasta la esfera de decisiones en relación al uso de los transgénicos (organismos genéticamente modificados), contando con la complicidad, la debilidad y/o la inacción institucional por parte de gobiernos que se pliegan a los intereses del agronegocio y se posicionan en contra de la agricultura campesina y la soberanía alimentaria.

El avance de la gran agroindustria en América latina y el Caribe se ha reforzado con los proyectos de producción de  biocombustibles que se formulan y realizan con base en el argumento de  que es necesario buscar alternativas energéticas que permitan mitigar ciertos problemas ambientales globales como el cambio climático.  En el fondo responden a políticas destinadas a mantener el control del mercado mundial de carburantes por parte de las multinacionales de la energía que no sólo no resuelven ningún problema ambiental, sino que los agravan contribuyendo a preservar el estilo de vida depredador del capitalismo y, en particular, del imperio estadounidense.

El capital transnacional ha estado al frente de grandes proyectos extractivos y agroindustriales en América Latina y el Caribe, una región con grandes yacimientos  minerales,  la mayor  biodiversidad del mundo, bosques y selvas muy extensas y enormes reservas de agua dulce.  El desarrollo de esos proyectos exige ocupar e intervenir extensos territorios, utilizar inmensas  masas de agua  y emplear substancias tóxicas de modo intensivo, todo lo cual se ha traducido en el pillaje del patrimonio natural y el deterioro de numerosos ecosistemas en América latina y el Caribe. 

A la contaminación del agua, el aire y los suelos ocasionada por  las emisiones nocivas lanzadas por estas industrias, se suman en los últimos años la contaminación con agrotóxicos y transgénicos de los monocultivos. Además de provocar serios problemas de salud y deterioro de las condiciones de vida a poblaciones campesinas de varios países, la aplicación masiva de agroquímicos está produciendo daños de otro tipo que en un futuro no tan lejano agravarán el panorama más allá de cualquier predicción. Se teme que la destrucción de su hábitat, el uso de plaguicidas y la introducción de cultivos invasores esté causando la extinción de numerosas especies animales y vegetales.

Las empresas transnacionales que elaboran agrotóxicos son también productoras de  semillas transgénicas y poseen  la mayoría de las patentes de biotecnología agrícola, lo que les facilita el control global de  la agricultura y  la cadena alimentaria. La contaminación transgénica es aprovechada por las  mismas  transnacionales, que exigen pago a los agricultores cuyos cultivos accidentalmente se han contaminado con semillas patentadas. Más aún, en aquellos casos en los que no se logra el cobro por sus patentes, esquilman a los agricultores con la venta de plaguicidas.

En nuestra región los pueblos  están reaccionando contra las políticas que por un lado impiden que la población tenga acceso a los recursos vitales y por otro los entregan al negocio transnacional.  Se añade a lo anterior una oposición cada vez más fuerte a los tratados de libre comercio bajo los términos de las corporaciones transnacionales, que facilitan el saqueo y la destrucción de recursos al disminuir aún más las débiles regulaciones nacionales.
En gran parte de los países latinoamericanos los grupos sociales dominantes establecen alianzas con las empresas transnacionales agroindustriales para enfrentar y reprimir  a movilizaciones indígenas,  campesinas y de otros movimientos sociales  que reaccionan contra los efectos negativos de la agricultura capitalista en sus comunidades, identidades, economías y ambientes.

Venezuela no escapa a esta situación, históricamente ha sido un país dependiente del sistema capitalista mundial, con una economía rentista y monoproductora; el latifundio, los problemas de tenencia de la tierra, la destrucción de todas las formas autóctonas de producción y la aplicación de tecnologías no adecuadas entre otros, se explican en este contexto, y ha conducido a un decrecimiento del sector agrícola al punto de que para el presente se importa alrededor del 80% de los alimentos que consume la población, profundizando la dependencia y subordinación ante las grandes economías mundiales, lo cual atenta contra la soberanía y seguridad alimentaría y la salud del pueblo venezolano.

La crisis alimentaría actual acentuada por las políticas neoliberales ha puesto en evidencia la realidad de la inseguridad y dependencia  alimentarias de nuestros pueblos y en particular  de Venezuela. El desarrollo de la agricultura en Venezuela a lo largo del siglo pasado estuvo orientado por los procesos  y esquemas que ya hemos descrito, añadiéndose a ello el hecho de, que a pesar de contar con todos los recursos, Venezuela es un importador neto de alimentos. La estructura de nuestro agro está dominada por la gran agroindustria y en ella persiste el latifundio. Nuestros profesionales del agro mayormente se forman y trabajan desconectados de la realidad social y tienen como referencia paradigmas de conocimiento que responden a la racionalidad del capitalismo y a la pretensión de dominar a la naturaleza.

Las comunidades, grupos y movimientos que se resisten al dominio  transnacional  agroindustrial, simultáneamente exploran nuevas modalidades  de asociación para la generación  de otros estilos de vida que tengan a la defensa de la naturaleza y la cultura en el centro de sus prioridades. En este sentido se inscribe la agroecología que aparece como propuesta de una producción ecológica, que  defiende la economía y la identidad campesina ante

el avasallante mercado  mundial capitalista y se combina con el derecho a la soberanía alimentaria y a una alimentación sana, nutritiva, suficiente y libre de contaminación por el uso de agrotóxicos.

La agroecología integra el estudio de los agroecosistemas considerados como el resultado de un proceso de interacción permanente entre lo social y lo natural con una forma de producir alimentos que está en sintonía con los procesos ecológicos, coopera con la naturaleza y no actúa contra ella, utiliza tecnologías apropiadas  y prácticas protectoras del ecosistema, y se nutre de   saberes ancestrales, populares y colectivos, enraizados en comunidades y pueblos indígenas.  En nuestra región y, en particular en Venezuela, están en curso numerosas experiencias locales de agroecología con las cuales se trabajan parcelas y cultivos y se genera un consumo responsable como contraparte necesaria que construye redes de consumidores en el medio urbano.  Practicando la reciprocidad,  la ayuda mutua y el diálogo democrático estas redes trabajan codo a codo con los productores estableciendo precios justos  que remuneran adecuadamente el trabajo invertido en la producción y apuestan por la expansión de relaciones no mercantiles. De esta manera la agroecología trasciende las propuestas de impulsar la producción y el consumo de alimentos ecológicos, como alternativa a la agricultura y el consumo industrial, que no cuestionan la lógica capitalista y obran en función de satisfacer las necesidades de consumo de una élite. La agroecología es además  una  vía de mediación de expresiones culturales  referidas a contextos geográficos, ecológicos, sociales y espirituales diversos, propios de culturas más equilibradas e  integrales. La agroecología se inscribe en una forma de vida alternativa que implica una relación  dialógica entre culturas  y una síntesis interdisciplinaria y transdisciplinaria.

La agroecología tiene plena vigencia y pertinencia en el marco de los cambios sociales, económicos y políticos iniciados en Venezuela a partir del año 1999.  En particular su razón de ser entronca con el espíritu del Plan de Desarrollo Económico de la Nación 2000-2007 y sobre todo con el Plan Socialista 2007-2013  que orienta el impulso del desarrollo endógeno sustentable en el tránsito hacia el socialismo y establece la promoción de la agricultura sustentable como estrategia del desarrollo rural integral que  garantiza la soberanía y la seguridad alimentarias de la nación. Esto tiene sólidos fundamentos en la constitución nacional, (entre otros en el artículo 305), y se rige por varias leyes entre las cuales figuran  la Ley de Tierras y Desarrollo Rural, la Ley de Pesca, la Ley Orgánica del Ambiente, las Leyes de Financiamiento Agrícola y la Ley de Asociaciones y Cooperativas. También está en sintonía con un conjunto  de políticas, planes y programas que viene desarrollando el gobierno nacional   tales como “Todas las manos a la siembra”, las misiones “Vuelvan Caras” y “Ché Guevara”, así como con las orientaciones que en materia  de desarrollo social y organización del Poder Popular se inscriben en nuestras políticas públicas actuales.

Como sabemos, en este contexto y para el caso de los sectores agrícola y ambiental, se diseñan políticas, se crean instituciones, se aprueban leyes para erradicar el latifundio, normar los procesos de producción, trasformación, distribución y consumo, para fomentar la producción y apoyar al pequeño productor con el propósito de lograr la soberanía alimentaría y tecnológica.

Ante esta realidad, las instituciones de educación superior no se eximen de responsabilidad, ya que han venido formando profesionales eminentemente técnicos que en los momentos actuales no dan respuesta al proceso de transformación del país. Es por ello que en el ámbito educativo, y más específicamente en educación superior, la estrategia de desarrollo se basa en una política que busca la inclusión de las grandes mayorías tradicionalmente marginadas del sistema educativo. En particular cabe destacar los esfuerzos emprendidos por la Misión Sucre, la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Misión Alma Máter. A la par de la justicia social que supone la inclusión, se plantea un cambio de paradigmas basado en la transdisciplinariedad, el diálogo de saberes y una educación en función de la emancipación, estableciendo vínculos estrechos con las comunidades y los procesos de cambio social que en ellas toman cuerpo. Con la universidad politécnica que se está construyendo se plantea un gran reto, porque ahora se trata de formar a un profesional ciudadano con responsabilidad social, ética y política que responda a las necesidades del pueblo. La universidad politécnica constituye un desafío para la superación de las políticas neoliberales porque, ciertamente, se inscribe en la responsabilidad que tiene el Estado venezolano de crear instituciones que sirvan para la formación de sectores desasistidos socialmente y/o que requieren de una formación científico-tecnológica, ética, política que contribuya con el desarrollo social endógeno integral, ello, con el firme propósito de afianzar la autodeterminación de los pueblos y favorecer la soberanía alimentaria.  En lo que al tema agroalimentario se refiere, se perfila la agroecología como una alternativa favorable al equilibrio socio ambiental y la soberanía alimentaría. En este sentido destaca la creación del Instituto Latinoamericano de Agroecología Paulo Freire.

El Programa Nacional de Formación (PNF) en Ingeniería Agroalimentaria pretende formar un profesional integral con una visión holística de la realidad agrícola del país, capaz de abordar sistémicamente el conjunto de la cadena agroalimentaria (producción, transformación, distribución y consumo), con principios agroecológicos, de tal manera que pueda motorizar y dinamizar los cambios planteados en los Planes de Desarrollo de la Nación para contribuir con la soberanía y la seguridad agroalimentaria.

Por las razones antes expuestas se justifica la creación de un programa de formación en Ingeniería  Agroalimentaria.

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OBJETIVOS

General

Formar profesionales integrales con un enfoque agroecológico, interdisciplinario y transdisciplinario, en materia de   producción, transformación, distribución y consumo agroalimentario, que responda a las necesidades locales, regionales y nacionales   de seguridad y soberanía alimentarias, comprometidos con el desarrollo endógeno sustentable y la organización popular de trabajadores rurales y urbanos, indígenas, pescadores y campesinos, en la construcción y el fortalecimiento de una sociedad socialista.

  

1.    Formar ciudadanos profesionales integrales con enfoques interdisciplinario, transdisciplinario y agroecológico.

2.    Formar  ciudadanos creativos e innovadores que  articulen lo científico con lo técnico, lo ético-político, lo estético lúdico y lo ambiental.

3.    Facilitar la consolidación de conocimientos ambientales, sociales y técnicos necesarios para  la formación de  ciudadanos profesionales aptos para contribuir de manera efectiva con la construcción de la soberanía alimentaria.

4.    Formar profesionales integrales que valoren  e incorporen dialógicamente en su desempeño nuestros saberes ancestrales, indígenas y campesinos.

5.    Formar  profesionales probos que, partiendo de una nueva ética socialista,   que gestionen la organización y la participación activa de las comunidades, los trabajadores rurales, campesinos, pescadores e indígenas en la producción, transformación, distribución y el consumo de alimentos sanos, nutritivos y suficientes.

6.    Formar ciudadanos que asuman participativa y sustentablemente la gestión de los agroecosistemas.

BASES CONCEPTUALES

Educación para la responsabilidad con lo público

Uno de los temas que fluye o refluye, dependiendo de las situaciones y dinámicas que definen las realidades sociales, es el Estado como servidor público; organismos internacionales de la ONU como la UNESCO y la FAO, sectores de la intelectualidad, o los mismos movimientos sociales organizados, la han asumido como punta de lanza del debate, aunándolo a la educación. Si se realiza una lectura histórica del Estado, se comprende que una de sus funciones ha sido ejercer el control a través de lineamientos e instancias jerárquicas en la educación, haciendo de ésta una de sus instituciones fundamentales.

Sin embargo, la responsabilidad del Estado con lo público, teniendo como instancia privilegiada a la educación, no se expresa de manera tan lineal o mecánica. Ello obedece a que las políticas dependen, entre otras situaciones, de los gobernantes, los partidos políticos, las tendencias que concurren en sus órganos, las políticas que traza o le trazan organismos internacionales, políticas que contribuyen a la defensa de la soberanía nacional, o, por el contrario, la sojuzgan y enajenan.

Las políticas neoliberales impuestas por el capitalismo globalizado, constituyen una clara demostración del poder hegemónico que ejerció y aún ejerce en la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños, el gobierno central de los EEUU de Norteamérica, a través de las empresas transnacionales y  sus organismos multilaterales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, entre otros), afectando el compromiso del Estado-nación con respecto a una educación que debe ser un bien público, por tanto, gratuita, obligatoria y continua, o colocando de su lado a segmentos de la intelectualidad, para que defiendan la idea de la educación privada como servidora de lo público, porque a través de sus instituciones atiende a un grueso sector de la población estudiantil, cuando realmente su actividad constituye el costo social que paga por mantener y reproducir sus intereses mercantilistas.

La universidad politécnica constituye un desafío para las políticas neoliberales porque, ciertamente, se inscribe en la responsabilidad que tiene el Estado Venezolano de crear instituciones que sirvan para la formación de sectores desasistidos socialmente y/o que requieren de una formación científico-tecnológica, ética, política que contribuya con el desarrollo social endógeno integral, ello, con el firme propósito de afianzar la autodeterminación de los pueblos y favorecer la soberanía alimentaria.

Educación para la soberanía alimentaria

La pobreza crítica que presentan grandes sectores de la población venezolana, plantea un desafío a quienes dirigen los asuntos del Estado, impulsando la idea de la educación como una de las armas fundamentales que puede ser esgrimida para combatirla. En este marco, no ajeno a importantes retos, emerge el concepto de soberanía alimentaria que entendemos, como:

 el derecho de los pueblos a definir sus políticas agropecuarias, de producción y distribución de alimentos, organizándose para satisfacer las necesidades de las comunidades regionales y comunales, otorgando prioridad a la producción y al consumo interno, incluyendo el derecho de proteger la producción agrícola, piscícola y ganadera, evitando que sean obstaculizadas por la intervención de las grandes transnacionales. (Comisión de Asesoría Académica Misión Alma Mater)

Este concepto expresa la aspiración de los movimientos sociales campesinos que priorizan el interés colectivo, sobre el interés privado; las revoluciones sobre las reformas tímidas; los movimientos populares por encima de los movimientos de las élites; las pequeñas y medianas empresas de producción social en vez de los grandes negocios monopólicos. La aspiración de los movimientos sociales que impulsan la creación de instituciones educativas para enfrentar al capitalismo neoliberal y sus pretensiones de derrumbar los esfuerzos por alcanzar la soberanía alimentaria y demás efectos perversos que accionan contra la existencia de la vida humana y del mismo planeta.

De ahí que los estudios de agroecología constituyen una defensa para la población campesina y urbana, al mismo tiempo que una herramienta intelectual contra la penetración neoliberal, porque  ellos  contienen los conocimientos científicos, técnicos, ético-políticos, culturales en virtud de los cuales se logra saber qué sembrar y cómo sembrar para comer mejor, como señalan algunos dirigentes campesinos. De ahí, también, que contribuya a asegurar la soberanía alimentaria formando en áreas de conocimiento que posibiliten la planificación y el establecimiento de estrategias dirigidas a organizar la población campesina, rural, urbana y suburbana sobre la base de una formación científico-técnica y humanística con profundo contenido ético-político de orientación socialista.

Las universidades politécnicas pretenden llenar esas expectativas al ponerse al servicio de estudiantes, que proceden de distintas regiones de la República, con el fin de impulsar el desarrollo endógeno y contribuir al establecimiento pleno de los derechos humanos de nuestros pueblos.

Educación para la equidad en el acceso

Las transformaciones generadas por el Estado venezolano con sus nuevas políticas, cuyos alcances se manifiestan en todas las dimensiones de la vida social, han ido acompañadas de nuevos desafíos y problemas a los cuales es necesario responder, más aun, cuando uno de los fundamentos ético-políticos, con fuerza constitucional, es profundizar el ejercicio mismo de la democracia participativa dentro de su territorio y más allá de sus fronteras.

Ello permite comprender por qué los IUT y CU se transforman con el firme propósito de abrirse al ingreso de ciudadanos jóvenes y adultos en diversas regiones de nuestra geografía nacional. Por este motivo su conformación se alinea a la estrategia que garantiza el disfrute de los derechos sociales de hombres y mujeres, de forma universal y equitativa, con la finalidad de disminuir progresivamente las iniquidades sociales y de convertirse en orientadora de los cambios que ponen en escena la democratización social en la educación (Lineamientos Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social 2001-2007, s/p.).

En tal sentido, la equidad social en el acceso significa, desde este ángulo, valorar y practicar la justicia social a través de la inclusión en la educación de las grandes mayorías marginadas y excluidas evitando cualquier expresión discriminatoria de género, etaria, etnocéntrica, xenofóbica, que atente contra la misma. Desde esta perspectiva, la educación politécnica se propone  contribuir a crear sujetos de derecho, pues se caracteriza por ser democrática, gratuita y obligatoria… y el Estado… la asume como función indeclinable y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. (CRBV, Artículo 102). En este marco, la educación para la equidad en el acceso responde a preceptos constitucionales, y a las demandas y presiones que diversas organizaciones políticas y movimientos sociales vienen planteando como un acto de justicia social.

Educación de calidad e integral

El que el logro de la equidad se concrete con la apertura de las instituciones de educación superior a toda la población estudiantil, no puede constituirse en excusa para que no se realice con calidad. De tal manera que es una responsabilidad del Estado, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, del Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras, del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y otros, mediante convenios con organismos similares o de otra índole, garantizar las condiciones (físicas y recursos de apoyo, entre otros) para que el ingreso y los trayectos educativos se realicen satisfactoria y eficientemente. Porque,… toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones…. (CRBV. ART.103)

De ahí que la educación de calidad, entendida como formación integral, se consustancie con las condiciones físicas y los recursos que se requieren para que la trayectoria estudiantil incorpore procesos pedagógicos que contribuyan a logros educativos,  cada vez mejor y sin contratiempos, en los espacios escolarizados y comunales, teóricos y prácticos que demanda la educación superior y universitaria. A esta perspectiva le agregamos otra, la que permite mirar la educación de calidad desde el ángulo de su entrecruzamiento con la formación integral de los estudiantes, fundamentada en una visión inter-transdisciplinaria, que además de profundizar, relacionar y contextualizar los conocimientos científicos y tecnológicos, reconozca los de carácter humanístico junto a los saberes ancestrales, tradicionales y cotidianos.

Educación para la formación Integral

La formación integral ha sido un tema sobre el cual reflexionan continuamente pedagogos e historiadores de la pedagogía. De ahí que un análisis del concepto alude a múltiples encuentros con pensadores ubicados en otros tiempos, o en distintas épocas, así como a encuentros con disímiles significados que indican lo plural que resulta el concepto, porque cada pedagogo está inmerso en unas condiciones donde afloran tendencias y conflictos que se expresan en la educación de manera específica, en los modos de concebir la formación y las instituciones educativas. Y, porque son seres históricos que se encuentran en dinámicas reales, entendemos que construyen conceptos que se entretejen con las necesidades de cambio o de permanencia que caracterizan la educación de su época.

En la actualidad, cuando se plantea una reforma profunda del pensamiento, cuyos alcances se aprecien en los saberes pedagógicos, revisamos nuevamente las ideas que acompañan el concepto de formación integral y comprendemos que estamos ante un nuevo desafío. Pues, ciertamente, de lo que se trata es de romper con los modos tradicionales de aprender y enseñar, una ruptura que supone confrontar los tradicionales enfoques epistemológicos decimonónicos que hasta fines del siglo pasado marcaron la denominada apropiación de conocimientos, ello, pese a los esfuerzos que se hicieran desde otros enfoques por oponerse a este tradicional modo de enseñar las ciencias.

Los estudios científico-técnicos forman parte de ese reto, pues, son concebidos desde una perspectiva que implica  la construcción de conocimientos sustentada en una racionalidad compleja que involucra enfoques inter-transdisciplinarios y, en los que aflora una actitud reflexiva-crítica-propositiva-transformadora que rompe con viejos paradigmas, esto es, los que disyuntan e impiden el diálogo entre los conocimientos, y entre estos y los saberes ancestrales.

Si hay  un área de conocimiento que constituye una asonada contra los paradigmas consagrados, es, precisamente, la de  las tecnologías, las cuales en sí, aluden a un carácter diverso resultado de un campo plural y cruzado de conocimientos, campo en el que se entretejen múltiples estudios teóricos, analíticos, explicativos e interpretativos, junto a intereses de variado signo y significación.

Sin embargo, los problemas a los cuales nos enfrenta la formación integral, no son sólo de orden tecnológico, económico, científico, sino también de carácter, histórico, axiológico, político y profundamente social, es por lo que se comprende que los estudios científicos-tecnológicos vienen a ser un campo de conocimientos en el que se crea y recrea la formación integral, interdisciplinaria y transdisciplinaria, que pueda abordar  las complejidades de la realidad.

Educación para el reconocimiento de la condición humana

La educación supone apostar por un enfoque de la condición humana, que la valore en su complejidad. Desde este ángulo la condición humana es concebida como individual-social, pues, tan necesario es comprenderla como asunto individual, que como cuestión histórico-social. La primera, permite reconocer cuándo está en juego sólo el proyecto de formación personal y la segunda, el proyecto social y sus vínculos con el ejercicio de la ciudadanía.

El proyecto individual puede derivar en comportamientos y actitudes competitivas, en la exclusión y discriminación a los que son sometidos los otros, consciente o inconscientemente; en las posturas autoritarias, impositivas y personalistas, matices o expresiones del individualismo. El proyecto social en sus vínculos con una ciudadanía-planetaria implica, por el contrario, el reconocimiento de nuestro existir en lo local, un modo de existir que requiere solidaridad, corresponsabilidad, coparticipación, lo cual supone el reconocimiento de una relación que se hace diálogo en la participación y en el compartir con los otros, o, si se quiere, en el reconocimiento de la alteridad que se vuelve yo y otros.

Sólo una lectura de la educación que coloque como base conceptual la complejidad de la condición humana permitirá comprender la misión ético-política de la universidad. Lo que se pone en juego y por lo que se apuesta con la creación de las nuevas universidades inscritas en la Misión Alma Mater, es por una formación ética en la que los valores de solidaridad responsable, corresponsabilidad, participación y coparticipación acompañen la condición humana comunal-planetaria, con el fin de profundizar la democracia participativa, la autodeterminación de los pueblos y la soberanía científica, tecnológica, cultural, política, económica,  social y alimentaria.

La educación para la formación de las ciencias y tecnologías humanizadas

Sin duda, uno de los problemas que se expresa en la educación y que atenta contra la formación integral,  es la dicotomía entre las ciencias duras y las ciencias blandas, o, entre éstas y las humanidades. Falsas dicotomías, manejadas por intelectuales cientificistas y experimentalistas, reproductores de una racionalidad simplificadora que enclaustra los conocimientos en dominios disciplinarios, impidiendo el diálogo entre ellos,  es decir, entre conocimientos histórico-sociales, naturales, físicos, éticos y políticos y saberes ancestrales. Dicotomías que comportan discriminaciones, lo que hace que  ambos campos científicos --duros y blandos-- aparezcan empobrecidos cuando tratan con poca profundidad temas que les conciernen.

Por eso, la educación universitaria tecnológica resulta insuficiente si se limita la formación a su propia esfera; si no entreteje otros conocimientos de carácter científico o no, y humanístico; con estos logrará generar una comprensión amplia/relacional y profunda de los temas estudiados, y asumirá integralmente el enfoque complejo que le subyace.

Una educación que tiende a limitar la formación a los ámbitos científicos y tecnológicos, no encaja en una concepción, por esencia multi-inter-dimensional, en la que los  procesos se comprenden desde una lectura que se desplaza en dos dimensiones entrelazadas, biodiversidad y sociodiversidad, cada una de las cuales remite, a su vez, a los conocimientos específicos que las conforman, así como a los entrecruzamientos entre ellos, indispensables pues le imprimen valor a la formación de un profesional animador de la transformación social, preservador del ambiente y productor de bienes necesarios. Desde esta perspectiva, no caben las desviaciones y reduccionismos cientificistas, racionalistas, instrumentalistas, tecnicistas, pragmatistas en cuanto evitan los entrecruzamientos impidiendo concientizar que la ciencia supone siempre a la condición humana como especie única, que se expresa a través de lo diverso, y que es bio-afectiva-social.

De ahí la importancia de interpelar los conocimientos científicos analizando otros modos de conocer la dimensión humana compleja, en este caso, hacia los conocimientos humanísticos los cuales evocan estética y ética, política y filosofía, sin obviar los saberes ancestrales que acompañan la memoria e historia del imaginario popular. De ahí la importancia de educar en una ciencia con conciencia, construyendo un ethos profesional que se manifiesta cuando  abordan críticamente los reduccionismos que suelen aparecer también en nosotros como interrogantes al conocimiento; es decir, cuando éste es simplificado, distorsionado o disociado de lo humano.

Educación ética vinculada a la construcción de una nueva ciudadanía-democrática-participativa

Sin dejar de reconocer que el proceso educativo en las universidades politécnicas se orienta a la formación de técnicos y profesionales integrales, mediante la apropiación, adecuación, creación e innovación de conocimientos científico-tecnológicos-culturales, también requiere que sus actores concienticen y pongan en ejercicio los valores que permitirán construir una nueva ciudadanía participativa y protagónica, como profesionales y líderes de los cambios que demandan las poblaciones y las diversas necesidades que plantea la superación de las condiciones de vida.

Como se expresa en los Lineamientos Generales del Plan de Desarrollo Económico-Social 2007-2013, de la República Bolivariana de Venezuela, la educación debe acentuar la democracia participativa y protagónica, con basamento en la asunción de la equidad y el reconocimiento del otro, esto es, desde una perspectiva humanística y social, que subraye los deberes y derechos humanos y ciudadanos, lo cual implica incluir géneros, grupos etarios, etnias, discapacitados y privados de libertad. Una educación que induzca a leer las crisis sociales y como se revierten en los grupos humanos, con la finalidad de construir sociedades que respondan y respeten las condiciones de existencia de todas y todos los venezolanos, latinoamericanos y caribeños, los desasistidos del planeta. Ante esto, la educación puede y debe seguir un curso que no  la aisle de la consideración humana,…, por el contrario, (debe) hacerse cargo de las preguntas relativas a nuestra condición humana: ¿quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? (Documento Rector Universidad Bolivariana, 2004)

Preguntas que involucran la necesidad de mirar-nos, teniendo como base un enfoque complejo que enlaza la formación vinculada a las cuestiones del modo de vida del pueblo venezolano y los pueblos latinoamericanos y caribeños con lo ético-político, vinculadas a los tiempos que corren, en los que se acrecienta, paulatinamente, el exterminio del planeta. Un enfoque que concientiza acerca de la importancia de ejercer una nueva ciudadanía comunitaria.